Tras dos años de audiencias, escucha directa a las víctimas y un exhaustivo proceso de contrastación judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 integrantes de los Bloques Oriental y Sur, de las extintas FARC, por su responsabilidad en el secuestro de 2.010 personas en distintas regiones del país.

Para llegar a la radiografía judicial más completa que tiene Colombia sobre los secuestros, la magistratura escuchó durante dos años a todas las víctimas que quisieron participar. Desde diferentes lugares del país, 4.329 de ellas se acreditaron ante la JEP y 795 narraron en audiencia lo que sufrieron.

Cabe mencionar que, entre las 4.439 víctimas de secuestro acreditadas ante la JEP, 1.239 señalan al Bloque Oriental como responsable de su privación de la libertad.

Además, de las víctimas acreditadas, 771 señalan al Bloque Sur como presunto responsable de su secuestro. 

Las víctimas expusieron los malos tratos, la violación a su dignidad humana, la intimidación constante, el miedo a la muerte, las humillaciones, el hambre, la incertidumbre, la falta de atención médica, las marchas extenuantes y sus periplos angustiantes por las selvas de Colombia. También hablaron de cómo las mujeres, adultos mayores, niños y niñas sufrieron de forma diferenciada las privaciones de la libertad.

Los sobrevivientes recordaron el sufrimiento de las familias por no saber qué pasaba con sus seres queridos, por tener que negociar por sus vidas como si fueran una mercancía, y por las consecuencias que hoy persisten. 

Muchas de ellas reportaron problemas de salud física y mental tras su privación de la libertad, la pérdida de la confianza en el otro y el fin de proyectos de vida. 

Quienes padecieron el secuestro no volvieron a ser los mismos. Por eso, la magistratura espera que, al conocer la profundidad del dolor que causaron los secuestros, jamás se repita. 

El riguroso proceso de contrastación judicial, que también incluyó el estudio de los informes de organizaciones de la sociedad civil y de la justicia ordinaria, la Sala de Reconocimiento de verdad pudo identificar a 63 máximos responsables de los secuestros e imputarles crímenes de guerra, de toma de rehenes, y crímenes de lesa humanidad, y de privaciones graves de la libertad. 

La Sala de Reconocimiento de Verdad les imputó también otros crímenes que cometieron en cautiverio y que no habían sido abordados por la justicia ordinaria en el pasado, como tortura, tratos crueles e inhumanos, esclavitud, e incluso violencia sexual.

De los 63 comparecientes, solo 23 habían sido condenados por la justicia ordinaria por estos hechos, y muchos de ellos en ausencia. 

La investigación de la JEP identificó que los exguerrilleros de las FARC secuestraron siguiendo tres patrones criminales. Privaron de la libertad para financiarse, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y en busca del control social y territorial. 

Sobre este último patrón, la JEP informó que el país tenía poco conocimiento. Sin embargo, la investigación pudo establecer que la extinta guerrilla secuestraba a estas víctimas como forma de castigo por no someterse a sus reglas, para enviar el mensaje al gobierno colombiano de que había un “vacío de poder” y por sospechas, en muchas ocasiones infundadas, de que eran colaboradoras de los paramilitares o del Ejército Nacional. 

En algunos casos, también las secuestraron para obligarlas a trabajar para la guerrilla. 

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Así le sucedió, por ejemplo, a varios miembros de la familia Polanía Ramos. Ellos vivían de transportar gente y remesas en dos botes por el río Caquetá. Después de transportar a integrantes de la guerrilla sin recibir el pago y de que se les acabó la gasolina, la familia se negó a seguir transportándolos. 

Como consecuencia, varios de ellos fueron secuestrados y forzados a trabajar gratis para la guerrilla. Padecieron todo tipo de maltratos. Al final, tuvieron que desplazarse.

A la fecha, todos los comparecientes que han sido llamados a aceptar su responsabilidad por estos crímenes lo han hecho, y han respondido a las demandas de verdad y de reconocimiento de las víctimas. Es decir, excombatientes que por años justificaron el secuestro como método de guerra, ahora han reconocido su responsabilidad por estos crímenes y todo el dolor que les causaron a las víctimas.

Así lo hicieron por primera vez en la historia del país, los 7 miembros del último Secretariado de las extintas FARC, quienes aceptaron que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad frente a sus víctimas. 

Por esos hechos, ya fueron sancionados por el Tribunal de Paz de la JEP. También reconocieron responsabilidad 10 máximos responsables del Comando Conjunto Central, 8 del Bloque Oriental, 7 del Noroccidental y 4 del Magdalena Medio.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 antiguos integrantes del Bloque Oriental y a 7 del Bloque Sur de las extintas FARC. 

En el caso del Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, fueron hallados responsables por los secuestros en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. Así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander. En el caso del Bloque Sur fueron hallados responsables de los secuestros en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y algunas zonas de Cauca y Meta.

Los imputados del Bloque Oriental son: 1) Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; 2)Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; 3)Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; 4) Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; 5) Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; 6) Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; 7) Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; 8) José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; 9) Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; 10) Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; 11) Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; 12) Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; 13)Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; 14) Jaime Aguilar Ramírez, conocido como 'Dionisio Rayo'; y 15) Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’. 

Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: 1) Fabián Ramírez, quien fue conocido como ‘Fabián Ramírez’; 2) Floresmiro Burbano, quien fue conocido como ‘Martín Corena’; 3) Darío Lee Díaz, quien fue conocido como ‘Robledo’ 4) Luis Montes, quien fue conocido como ‘Euclides Bermúdez’; 5) Ángel García, quien fue conocido como ‘Hernán Benítez’; 6) Ezequiel Hueguía quien fue conocido como ‘Rolando Romero’; y 7) William Tovar, quien fue conocido como ‘Franklin Smith Caicedo’.

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El Bloque Oriental es la estructura que más secuestros cometió. Según datos de la Fiscalía, es responsable del 34% de los casos cometidos por la antigua guerrilla en todo el país, mientras que el Bloque Sur es responsable del 8%. Sin embargo, el 18% de las víctimas acreditadas en la JEP lo son del Bloque Sur, reflejando las dificultades de las víctimas para acceder a la justicia ordinaria antes de la firma del Acuerdo Final de Paz.  

Ambos bloques son los que más crímenes cometieron en medio de los secuestros, en comparación con otras estructuras guerrilleras a las que duplican en la comisión de estos hechos. Así, en el Bloque Sur, de las 398 son víctimas directas, 54 reportaron tortura, 141 malos tratos, 37 violencia sexual, 13 homicidio, 92 desaparición forzada, y 31 esclavitud. 

En el Bloque Oriental, de las 380 víctimas directas, 158 reportaron tortura, 137 malos tratos, 20 violencia sexual, 45 homicidio, 93 desaparición forzada, y 19 esclavitud. Los crímenes no son excluyentes y por eso una misma víctima puede haber sufrido varios.

Con base en cientos de secuestros documentados por la Jurisdicción y que son representativos del accionar de las FARC, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP concluyó que los bloques Sur y Oriental, al igual que otras estructuras guerrilleras, secuestraron siguiendo tres patrones criminales dictados por el secretariado: para financiarse, para promover el intercambio por guerrilleros presos y en busca del control social y territorial.

Los secuestros con fines económicos respondieron a las exigencias económicas del secretariado. En el caso del Bloque Oriental, debía entregar 2,5 millones de dólares, mientras que el Bloque Sur debía entregar 2 millones de dólares.

Asimismo, este tipo de secuestros afectaron a la población según la región en la que se cometieron. Los sectores más golpeados por el bloque Oriental y Sur fueron los ganaderos, comerciantes, agricultores, transportadores y trabajadores del sector minero-energético, quienes eran secuestrados para forzar el pago de extorsiones de la guerrilla.

Muchos de los secuestros con fines económicos del Bloque Oriental se dieron en retenes ilegales, conocidos como “pescas milagrosas”. Estos retenes se hicieron en especial en la Vía al Llano y rutas hacia el norte y occidente de Cundinamarca, rodeando casi todas las salidas de Bogotá.

En otras ocasiones, las privaciones de la libertad con fines económicos de este bloque se cometieron en alianza con bandas delincuenciales como ‘Los Calvos’ o el ’GUT 33’, a las que la guerrilla les pagaba el 10 % de lo que cobraban por la liberación de las víctimas.

Los integrantes de los bloques Oriental y Sur aseguraron que buscaban afectar a la élite económica con este tipo de secuestros, pero la investigación de la JEP encontró que, en la práctica, la mayoría de las víctimas no tenía cómo pagar por su liberación; algunas incluso siguen endeudadas por los secuestros.